Parece que hay gente que sigue pensando que las matanzas cometidas por efectivos militares y paramilitares contra la población civil durante el conflicto armado interno no son crímenes de lesa humanidad.
En este grupo se incluye a nuestro ex ministro de Defensa, Rafael Rey, quien fue invitado a Prensa Libre para dar sus declaraciones acerca de la derogación del Decreto Legislativo 1097 y quien dijo, con mucha convicción, que la matanza extrajudicial de Putis no fue un crimen contra los derechos humanos.
¿Qué es un crimen de lesa humanidad? Rafael Rey lo sabe y aquí parafraseo lo que él bien dijo por televisión el día de ayer. Según el Tratado Romano los crímenes de lesa humanidad reúnen cuatro condiciones para ser calificados como tales: que formen parte de ataques sistemáticos y generalizados, que estén dirigidos contra sobre población civil, que se realicen con conocimiento de ser parte de ese ataque sistemático y generalizado y que sean cometidos por razones étnicas, raciales, religiosas, culturales, nacionalistas o políticas.
Entonces, a diferencia de lo declarado por Rafael Rey y lo creído por muchas personas en nuestro país, el caso Putis sí es un crimen de lesa humanidad. Y aunque, sospechosamente, todavía no se sepan quiénes fueron los perpetradores porque sólo se conocen sus apelativos, este caso ha sido investigado y confirmado por la Comisión de la Verdad como una matanza a sangre fría y extrajudicial.
El “Teniente Lalo”, “Oficial Bareta”, “Comandante Oscar” y “Capitán Cuervo”, perpetradores de la matanza en Putis, cometieron un crimen que fue, es y será imprescriptible.
El crimen
En diciembre de 1984, debido a que las acciones subversivas por parte del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso aumentaron, se instalaron bases militares en la localidad de Putis, provincia de Huanta.
Los militares de esas bases convencieron a los pobladores de la localidad a que se instalen en las zonas más bajas, bajo la promesa de brindarles mayor protección contra las acciones subversivas y sus accionistas. Les dijeron que construirían viviendas y una piscigranja para sostenerse económicamente. Los comuneros entonces aceptaron, juntaron sus pertenencias, bajaron de los cerros y fueron recibidos por los militares muy “amablemente”.
Al día siguiente, los comuneros varones empezaron a cavar una poza bajo órdenes de los que decían ser sus defensores frente a la violencia. Sin embargo, la cínica amabilidad de los militares se había esfumado. Ahora, ellos apuntaban a los comuneros con armas. Estos últimos no tuvieron otra opción que continuar cavando.
Cuando terminaron de cavar dos fosas -la más grande de ocho metros de largo por cuatro de ancho y la otra, de cuatro por dos-, los militares los reunieron alrededor de ellas junto a sus mujeres e hijos. En ese momento abrieron fuego, disparándoles a matar. Luego, los enterraron con tierra y piedras.
Las razones
Según los testimonios de los sobrevivientes, los pobladores varones habían escuchado la noche anterior que los militares separaron a las jóvenes de alrededor de 15 años de edad y que ellas, a la mañana siguiente, contaron que habían sido violadas sexualmente.
Probablemente los militares sabían que los comuneros estaban al tanto de las violaciones y que no iban a seguir las órdenes de cavar los pozos porque sabían ya que todo era un engaño.
Sin embargo, según la investigación realizada por la CVR, hubo dos razones más por las que los militares asesinaron a estos pobladores. Primero, se sabe que tenían la errónea sospecha de que los comuneros eran parte de la subversión. Y segundo, querían apoderarse del ganado de los comuneros para luego comercializarlo en Marccaraccay, una comunidad vecina a Putis.
Las declaraciones que dio el ex ministro Rafael Rey son reflejo de la poca humanidad que tienen algunas personas. A ellas, solamente puedo decirles que hay que informarse más sobre estos casos pero sobre todo, hay que sentirlos. Las víctimas todavía están presentes.
Emily Espinoza Lewis
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